Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que lo dejen al margen del tema que ha ocupado los titulares de los medios en Baja California desde el pasado 8 de junio, la controvertida reforma legal que estaría ampliando de 2 a 5 años el periodo de gobierno del actual gobernador electo Jaime Bonilla.

Y tienen razón, a 3 mil kilómetros de distancia y con el cúmulo de problemas (sin resolver) que existen en el país resulta hasta infantil el suponer que el mandatario estaría detrás de esta maniobra legislativa avalada por los representantes de todos los partidos con voz y voto en el congreso bajacaliforniano.

Los responsables tienen nombre y apellido y aunque ellos niegan haber participado de un acto de corrupción, resulta poco creíble,  si a esa sospecha le sumamos la denuncia que uno de los mismos diputados hizo respecto al ofrecimiento de un millón de dólares por votar a favor de la referida reforma.

Esta situación que deberá seguir su curso legal y las distintas instancias abonarán lo que a su juicio ( muy su juicio) consideren pertinentes.

El tema en general plantea además de un posible acto de corrupción sin precedentes en la entidad por el número de involucrados y las cantidades de soborno que se estarían mencionando  la necesidad de acotar los poderes que como ciudadanos les otorgamos a nuestros “representantes” y gobernantes.

Porque tanto unos como los otros han demostrado a lo largo de muchos años que saben servirse con la cuchara grande. Ayer la diputada Alfa Peñalosa aseguraba que no recibió jamás un peso por votar a favor de la medida pero tampoco pudo explicar por qué sí lo hizo. Su nerviosismo la delataba a ella y sus compañeros legisladores.

El tema deja en evidencia la necesitar urgente de encontrar los mecanismos para tener la capacidad como sociedad de corregir errores o actos de corrupción en las distintas esferas de poder. 

La cosa es: ¿cómo?