Tiijuana (Uniradio) .-Rafael Maurizio Cruzmanjarrez, presidente en Baja California de la Alianza Nacional de Abogados, explicó que para reformar lo establecido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 1978, en el que se establecen los usos de los predios cedidos por el gobierno federal al estatal y municipal, se debe seguir un proceso legislativo que lo modifique, pues el gobernador del Estado carece de facultades legales para hacer la transmisión de dominio. 

Señaló que aun cuando sea entregado el edificio que actualmente alberga a las oficinas del Poder Ejecutivo a una institución pública como la Universidad Autónoma de Baja California, el predio, primero debe ser desincorporado del dominio público pues al ser la UABC una entidad con patrimonio propio, el traspaso legalmente se considera una enajenación a un particular.

 “En caso de que se quisiera hacer una donación, evidentemente, el edificio del Poder Ejecutivo del Estado, es patrimonio obviamente del gobierno, por lo tanto, se tendrá que desincorporar el patrimonio público para posteriormente ser incorporado al patrimonio privado y ya como particular poder hacer la donación, volviendo a insistir, el gobierno del Estado a través del Ejecutivo carece de facultades para ello”, sostuvo. Indicó que en caso de materializarse la cesión, el gobernador Jaime Bonilla estaría incurriendo en conductas tipificadas como delito, como son la usurpación de funciones, coalición de servidores públicos e invasión de las competencias.  

Ante el anuncio de que sería dentro de 15 días la entrega del edificio de Centro de Gobierno a la UABC, el presidente en Baja California de la Alianza Nacional de Abogados, aclaró que dicho proceso no le tomaría la gobernador Jaime Bonilla 2 semana, sino años, pues debe gestionar la intención ante el gobierno federal. 

“Estaríamos haciendo una gravísima afectación al patrimonio del Estado, para que esto prosperara el Ejecutivo tendría que hacer una gestión en el Poder federal, directamente en el Ejecutivo presentar una reforma para el decreto, para que en determinado momento regresárselo a la federación y que la federación lo desincorporara es un proceso que tardaría quizás años”, finalizó.