“Este ha sido un gobierno que se ha distinguido, precisamente, por ser respetuoso de la Libertad de Expresión”.
-Enrique Peña Nieto, 17 de mayo de 2017 (2 días después del asesinato de Javier Valdez).

Con un software malicioso como el adquirido por la PGR, la SEDENA y el CISEN, se buscó espiar a periodistas, activistas, defensoras y defensores de derechos humanos, y un menor de edad, entre 2015 y 2016, en el marco de coyunturas críticas sobre corrupción y violaciones graves a los derechos humanos.

Lo revelado el día de hoy por The New York Times y el informe “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, de Articulo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Social TIC, es el capítulo más escalofriante de un gobierno que ha hecho del espionaje ilegal, una política de Estado.

11 periodistas, activistas, defensores y defensoras de derechos humanos y el hijo de Carmen Aristegui, cuando tenía 16 años, fueron objeto de ataques a sus teléfonos móviles por quienes buscaron infectarlos a través de mensajes SMS con textos alarmantes seguidos de un enlace. Si los “objetivos” hubieran dado clic, el navegador de sus teléfonos los hubiera redireccionado a un sitio web de la compañía Israelí NSO Group, desarrollador del malware llamado “Pegasus”, que habría quedado instalado en sus teléfonos para que los atacantes pudieran encender la cámara y el micrófono de esos teléfonos cuando quisieran, así como ver sus fotos y videos, leer coreos, mensajes y encender su GPS, sin que los usuarios se hubieran dado cuenta.

El trabajo de este sitio de noticias, del Centro Prodh, del IMCO, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y de Carlos Loret de Mola, fueron la preocupación de quienes responden a la corrupción y a las violaciones de derechos humanos, con más corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Esa es la vocación autoritaria de un gobierno que a casi 3 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, usa los recursos tecnológicos que se adquieren con nuestro dinero, para vigilar, intimidar y acosar a quienes dedican su vida a la búsqueda de la verdad y no para encontrar a los normalistas y a los responsables de lo ocurrido en Iguala.

Ese es el lastimero esfuerzo de un grupo de funcionarios que se resisten a perder ese casi 10% del PIB que representa la corrupción, cuando es señalada.

El informe de Artículo 19, R3D y Citizen Lab, es una radiografía de algunos de los hechos más indignantes de corrupción y violaciones a derechos humanos en los últimos años y la incapacidad y falta de voluntad del Estado para combatirlos.