Desde los inicios de la llamada “guerra contra el narcotráfico” comenzaron a extenderse células criminales por todo el Estado mexicano. Las características geográficas y socioeconómicas del territorio nacional condicionan a ciertos estados como espacios claves de tráfico de drogas. Un ejemplo es Baja California, entidad federativa con la zona fronteriza más transitada de México: la ciudad de Tijuana.

Estudios recientes, publicados por el Programa de Política de Drogas del CIDE, evidencian las consecuencias de una guerra que, más allá de combatir el narcotráfico, ha generado graves violaciones a derechos humanos. En Baja California, entre el 2007 y el 2010, se registraron dos masacres entre las fuerzas del Estado y organizaciones criminales, con la presencia de 25 ejecuciones de civiles. Ante estas cifras es importante resaltar que el 86.1 % de los civiles muertos, que presuntamente participaron en enfrentamientos con fuerzas federales, fueron abatidos en eventos de “letalidad perfecta”, donde sólo hubo muertos y ningún herido.

Esta política de persecución criminal y policial se intensificó con la reforma en materia de narcomenudeo del 2009, ya que se otorgaron facultades a las entidades federativas para la persecución de los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. Desde la implementación de esta estrategia, diversas organizaciones de la sociedad civil manifestaron que la reforma afectaría el trabajo y la capacidad de las procuradurías y juzgados locales por la persecución de este delito.

En Baja California, el narcomenudeo se persigue y sanciona por el Estado desde el 21 de agosto de 2012, dando lugar a un congestionamiento en el sistema de procuración de justicia en delitos relacionados con la posesión de mariguana. Por ello, analizamos el impacto diferenciado que tiene la política prohibicionista de drogas, que en su operatividad otorga una priorización a estos delitos.

A pesar de que “hoy, en México, ni el consumo total de mariguana, ni sus usos problemáticos, son un problema público que ponga en riesgo al sistema de salud o genere terribles consecuencias en el entorno social”, el estado invierte recursos humanos y crea agencias especializadas para la persecución del narcomenudeo, por encima de la atención a otros problemas públicos como la violencia de género en contextos feminicidas.

El prohibicionismo tiene un fuerte impacto presupuestario, pues dentro de la asignación nacional para el sexenio 2006-2012, para política de drogas, el 97.09 % del recurso se destinó a la dimensión ley y orden, y solo el 2.91 % a la prevención, tratamiento y derechos humanos. Es por ello que el incremento en las acciones estatales tendientes a erradicar el narcotráfico disminuyó la capacidad institucional para la atención a otros delitos. Por ejemplo, en un informe del 2015, la Procuraduría del Estado de Baja California sostuvo que, desde el inicio de las acciones en materia de narcomenudeo, se lograron cumplimentar 89 cateos y la detención de 7,852 personas.

Para visualizar esta relación comparativa, se analizan el conteo de número de investigaciones iniciadas por el delito de feminicidio, siendo 07 en 2015 y 03 en 2016. En confrontación con el número de mujeres detenidas por el delito de narcomenudeo del 2012 al 2015, siendo éstas 1,577. A pesar de no existir datos desagregados por sexo con respecto a las dosis decomisadas, la base arroja un resultado global de 6,188 dosis de mariguana ocupando el primer lugar con respecto a las otras sustancias.

Por lo anterior, es importante resaltar que en materia de política criminal existe una priorización tácita por la persecución de los delitos relacionados con los narcóticos, con respecto a aquellos relacionados con la violencia de género. Esta disparidad en el acceso a la justicia se desarrolla desde la estructura organizacional de la Procuraduría del Estado en donde, al día de hoy, existen cinco agencias especializadas en delitos contra la salud y ninguna en delitos contra las mujeres.

En materia de procuración e impartición de justicia, se ha gestado una brecha de impunidad en la sanción de la violencia feminicida. A pesar de que existen diversos factores que inciden sobre esta problemática, se observa que también hay una motivación derivada de la construcción social de la función pública en torno al narcomenudeo.

Por ejemplo un informante del poder judicial del estado señaló en una entrevista que “hay mujeres locochonas que se involucran en asuntos de narcomenudeo, lo que inevitablemente les ocasiona problemas”. Dicho testimonio forma parte del Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Baja California.

Según la solicitud de alerta de género, el 87 % de los casos de muertes violentas de mujeres se consideraron vinculados con el narcomenudeo, lo que se ha convertido en un motivo de la Procuraduría para no investigar los asesinatos de mujeres por razones de género.

Desde la perspectiva de la OMS, se reconoce que la violencia de género constituye un problema de salud pública. Pese a ello, el abordaje de esta problemática ha sido indirectamente desplazado dentro de las prioridades de la agenda pública del Estado. Ante esta realidad, nos encontramos en una disyuntiva, por un lado, tenemos la penalización del uso de drogas, y por otro, el combate de la violencia de género. A pesar de que ambos representan problemas de salud pública, en el momento de concretarse como intervenciones estatales, la política prohibicionista de las drogas impera en temas de gasto público y operatividad, sobre la de atención de la violencia hacia las mujeres.

A manera de conclusión, podemos señalar que desde el comienzo de “la guerra contra el narcotráfico” se evidenció una definición difusa del problema de las drogas. El debate en otros gobiernos locales, como en la Ciudad de México, recurre al principio de oportunidad del artículo 21 constitucional, con el propósito de regular criterios de priorización para la persecución de la venta y distribución de la mariguana. Atendiendo a este mandato constitucional, se podría dar prioridad a la investigación de delitos de alto impacto social como el feminicidio.

Así, la persecución de la distribución y la venta de la mariguana quedarían en prioridad cero, garantizando que no se inicien investigaciones por parte del Ministerio Público. Replicar iniciativas similares, en Baja California, marcaría la pauta para atender a otras problemáticas que sí tienen un costo social alto. A diez años de una guerra contra el narcotráfico, estamos en una crisis de derechos humanos y violencia de género. No debe pasar desapercibida esta coyuntura como una oportunidad para generar un cambio en el discurso actual de nuestros gobiernos en torno a la política prohibicionista de las drogas.